La tortura es un delito que se castiga con penas de prisión, multas y, en el caso de personas servidoras públicas, con destitución e inhabilitación.
Respetar los derechos humanos es una obligación. La tortura no tiene justificación y conlleva graves consecuencias legales.
La dignidad humana debe ser siempre respetada en cualquier circunstancia.
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